El Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente señalan diversos puntos para asegurar un efectivo acceso a la justicia ambiental. Una a continuación algunos de esos puntos con su definición correspondiente: Lograr una legitimación activa amplia y evitar costos prohibitivos Elegir... Tomar medidas para asegurar la producción de prueba procurando, cuando corresponda, la inversión de su carga o su aplicación dinámica. Elegir... Garantizar condiciones seguras, y tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque del que sean víctimas MAYOR ACCESIBILIDAD A LOSPROCESOS, PROTECCION DE QUIENES DEFIENDEN EL AMBIENTE, BUEN MANEJODE LA PRUEVA, EFFOQUE PREVENTIVO Y PRECAUTORIO
El Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente establecen principios fundamentales para garantizar el acceso a la justicia ambiental, promoviendo la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos en el contexto ambiental. A continuación, se presentan algunos de los puntos mencionados con sus definiciones correspondientes:
Lograr una legitimación activa amplia y evitar costos prohibitivos: Esto implica que cualquier persona, grupo o comunidad que se vea afectada por decisiones o acciones que impacten el medio ambiente tenga el derecho de acceder a la justicia sin enfrentar barreras económicas. Se busca que los costos asociados a los procesos judiciales no sean un impedimento para que los ciudadanos puedan defender sus derechos ambientales.
Tomar medidas para asegurar la producción de prueba procurando, cuando corresponda, la inversión de su carga o su aplicación dinámica: Este punto se refiere a la necesidad de facilitar la recolección y presentación de pruebas en los procesos judiciales relacionados con el medio ambiente. La inversión de la carga de la prueba significa que, en ciertos casos, se puede requerir a la parte demandada que demuestre que su actividad no causa daño ambiental, en lugar de que la parte demandante tenga que probar el daño.
Garantizar condiciones seguras, y tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque del que sean víctimas: Este aspecto se centra en la protección de los defensores del medio ambiente, quienes a menudo enfrentan amenazas y violencia por su labor. Se busca establecer mecanismos que aseguren su seguridad y que se tomen acciones efectivas para investigar y sancionar cualquier agresión en su contra.
Mayor accesibilidad a los procesos: Esto implica que los procedimientos judiciales y administrativos relacionados con el medio ambiente deben ser accesibles para todos, facilitando la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos ambientales.
Protección de quienes defienden el ambiente: Se refiere a la necesidad de establecer marcos legales y políticas que protejan a los activistas y defensores del medio ambiente, garantizando su derecho a expresar sus preocupaciones y a participar en la toma de decisiones sin temor a represalias.
Buen manejo de la prueba: Este principio se relaciona con la correcta gestión y evaluación de las pruebas presentadas en los procesos judiciales, asegurando que se sigan procedimientos adecuados para su admisión y valoración.
Enfoque preventivo y precautorio: Este enfoque implica que, ante la posibilidad de daño ambiental, se deben tomar medidas preventivas antes de que ocurra el daño, así como adoptar un enfoque cauteloso en la toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente, priorizando la protección del mismo.
Estos puntos son fundamentales para fortalecer el acceso a la justicia ambiental y garantizar que los derechos de las personas y comunidades en relación con el medio ambiente sean respetados y protegidos.